La diputada de Compromís Mireia Mollà ha asegurado hoy que «rechazamos la Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Ikea aprobada hoy por el Consell, en tanto que supone sumir Alicante en un nuevo proyecto urbanístico y económico que no responde a criterios racionales y únicamente se guía por los intereses del promotor, Enrique Ortiz«.
Mollà ha destacado que «hay que tener en cuenta que la ATE no regula únicamente la llegada de una tienda Ikea en Alicante, sino que incorpora la construcción de un centro comercial anexo de más de 300.000 metros cuadrados, en contra de los intereses del pequeño y mediano comercio y en una ciudad donde varias grandes superficies han tenido que cerrar ya«.
«Es incomprensible que la Dirección General de Comercio valorase favorablemente el proyecto, como lo es el hecho de que el equipo de gobierno de Alicante haya tratado de silenciar sistemáticamente las críticas del pequeño y mediano comercio», ha apuntado la diputada, que ha añadido que»no es posible justificar la creación de puestos de trabajo con la puesta en marcha de la infraestructura si no se valora cuántos se pueden llegar a destruir«.
Asimismo, Mireia Mollà ha apuntado que «en términos urbanísticos, nos encontramos ante una propuesta desregulada que queda al margen del PGOU y, por tanto, de una visión integral del territorio, que se suma así al caos urbanístico general al que ha sumido Alicante el gobierno municipal del PP» y ha destacado que «en todo caso, el Ayuntamiento ha aceptado una figura en la que la Generalitat tiene el poder exclusivo para la ordenación territorial y, por tanto, el consistorio se desentiende de esta competencia«.
«Además de las complicaciones que genera en términos de accesos y la saturación de tráfico que puede generar por la zona donde este proyecto se encuentra ubicado«, ha indicado.
La diputada de Compromís ha resaltado que «es necesario también tener en cuenta que esta figura opaca utilizada por el Consell-la ATE-es consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que anulaba el Plan Rabasa , cuya tramitación se encuentra en estos momentos investigada en el marco del caso Brugal y donde las escuchas policiales desvelan conversaciones entre la alcaldesa, Sonia Castedo, y Enrique Ortiz para pactar este proyecto urbanístico«.
En este sentido, el secretario de Compromís por Alicante, Ignasi Bellido, ha afirmado que «en definitiva, la puesta en marcha de este proyecto no cuenta ni con las mínimas garantías y evidencia la complicidad del Gobierno valenciano con la política urbanística del Gobierno de Sonia Castedo guiado por los intereses de las amistades peligrosas, de manera que ya podemos anunciar que presentaremos las alegaciones necesarias contra la ATE y seguiremos trabajando para defender un modelo de futuro sostenible para nuestra ciudad«.