Artículo de opinión del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzá
Hace casi diez meses asumí el reto de representar a los ciudadanos del País Valenciano en el gobierno haciendo de conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat. Al llegar encontré una situación muy complicada en los cuatro ámbitos competenciales, fruto de una gestión nefasta de los recursos públicos (en muchos casos ya en manos de la Fiscalía), de la falta de recursos económicos por la asfixia financiera que sufrimos los valencianos desde Madrid y por supuesto de un enfoque ideológico netamente conservador que cuestionaba los servicios públicos y los supeditaba a los intereses de los negocios privados, anteponiendo los privilegios de unos pocos a los derechos de todos.
Han sido diez meses de reconstrucción de la dignidad y la ética en la gestión, siempre al servicio de la gente. Hace casi un año que la ciudadanía votó y nos encomendó que cambiamos el rumbo de nuestro territorio y que nos pusimos al frente de un barco a la deriva hundido por la corrupción y las malas prácticas, varado en medio de la nada a merced de los intereses corporativos y lejos, muy lejos, de las necesidades reales de la ciudadanía. Y eso es lo que estamos haciendo, cada día, trabajando con constancia para reparar y renacer, devolviendo a sus propietarios -el pueblo valenciano- un barco nuevo, que no deja a nadie en el suelo y que zarpa en busca de la justicia, la igualdad, la libertad y la calidad de vida para todas y todos.
Desde el primer día hemos trabajado con ese objetivo. Hemos ampliado la cobertura de los comedores escolares, aumentado el servicio de transporte, reabierto aulas y contratado más profesorado. Hemos creado más becas al servicio de quien más lo necesita, hemos generado la oportunidad para que nadie se quede sin los libros de texto y pueda entrar dentro de la rueda de un banco de libros cooperativo y educador. Hemos reducido la espera para sustituir a los y las docentes. Hemos apostado por la conciliación y la calidad de la educación infantil con la apertura de aulas gratuitas de 2 años con un máximo de 18 niños por clase y con dos adultos a su servicio. Al mismo tiempo hemos aumentado de 60 hasta 140 euros mensuales las ayudas a las familias con hijos de esta edad. Hemos mejorado tanto como hemos podido la educación con la mirada centrada única y exclusivamente en nuestros estudiantes. Y lo seguiremos haciendo, porque todavía hay mucho trabajo por hacer y porque nunca es suficiente cuando se trata de mejorar la principal herramienta que tenemos para reducir las desigualdades: la educación.
Dentro de este contexto, y en coherencia con el programa por el que nos votó la ciudadanía, acabamos de hacer nuestro primer arreglo conjunto y estamos iniciando el primer proceso de escolarización. Hemos planificado de forma conjunta la oferta de todos los centros que pagamos con nuestros impuestos, tanto públicos como privados-concertados, determinando las plazas que hacen falta en cada municipio para que los niños y niñas tengan una escuela donde educarse. Y lo hemos hecho bajando el número máximo de niños que puede haber por cada aula para que tengan una atención más individualizada, todo revirtiendo los recortes de los últimos años.
Además, para la tranquilidad de las familias, hemos reafirmado la gratuidad de los centros concertados para impedir que nadie cobre por un servicio público que ya pagamos con nuestros impuestos. También se ha puesto fin a la discriminación que significaba que fueran los centros los que escogieran qué familias querían tener, y no las familias las que escogían el centro que querían para sus hijos e hijas. Ahora todos los centros tendrán los mismos criterios de puntuación para admitir al alumnado y no podrán dar puntos discrecionalmente, garantizando así la igualdad de oportunidades para todas y todos. Además, con las mejoras que hemos introducido en el proceso de escolarización, haciendo que se puntúen todas las opciones de cada familia y no sólo la primera, aumentamos las posibilidades de matricularse allá donde se quiere.
Pero parece ser que este arreglo objetivo, legal y cuidadoso ha generado polémica entre quienes antes desmantelaban la pública y entre parte de los propietarios de los centros concertados (sólo una parte, es importante remarcarlo). Han llevado sus salidas de tono hasta extremos grotescos. No tengo ninguna voluntad de responder a descalificaciones que lo único que hacen es minar la credibilidad de quien las hace. Daré datos y quedará bien claro.
La polémica que intenta crear la oposición, con los datos en la mano, es complicada de justificar. Los hechos son bien claros: el cómputo total de unidades concertadas para el curso 2016-2017 es de menos 3. Hay que tener mucha imaginación y poco aprecio por la verdad para decir que es un ataque feroz, sinceramente. Esta bajada corresponde a aquellos centros que incumplían la ley de conciertos y tenían menos niños por aula de los que se marca para mantener el concierto y no atienden a una población en riesgo de exclusión. Los que a pesar de estar por debajo de la ratio mínima exigida, atienden a población en riesgo y por lo tanto cumplen una función social incluso mejor que la de algunos centros públicos, continúan con el mismo concierto que el año pasado. El cómputo de la pública en el conjunto del País es de 445 unidades más, demostrando la clara apuesta por los servicios públicos y por la lógica de todo buen gobierno: hacer una gestión eficiente del dinero público, potenciando los servicios que dependen directamente de la administración. Por tanto, las familias valencianas dispondrán de 442 unidades más que el curso pasado para matricular a sus hijos aunque ha bajado la natalidad. 442 aulas más con una mayor calidad educativa, con menos alumnos por maestro y una atención más individualizada. Todos los niños y niñas podrán seguir en la escuela que están matriculados, hemos garantizado la continuidad en el centro de la escolaridad obligatoria y ninguna familia será obligada a ir a un único centro, todas podrán priorizar entre los centros que más les gustan. Más oferta y de mayor calidad y asegurando una buena gestión de los recursos públicos.
Probablemente, en las críticas al arreglo, muy concentradas en pocas voces, hay un interés político y electoral evidente por parte de la oposición, y una preocupación por el negocio y los privilegios adquiridos por parte de algunos propietarios de centros privados (reitero, sólo de parte de algunos). No es una preocupación por la calidad educativa, por las familias o por los niños sino por los votos y por el negocio. Son intereses mucho más terrenales que celestiales, pues. Que no nos hagan comulgar con ruedas de molino. Porque antes bien que miraban hacia otro lado cuando permitían que en aulas concertadas autorizadas para 23 alumnos hubiera 28 o que se matricularan las familias sin saber si el centro sería concertado o privado o que permitieran que las familias pagaran por un servicio que es público y debe ser universal, olvidándose de la calidad de la educación. Ahora los mismos que callan cuando pasaba esto, cuando se debilitaban los derechos de los niños a recibir una educación digna y el de las familias de acceder en igualdad de condiciones, llaman a movilizarse cuando estamos garantizando los derechos y mejorando la educación de todas y todos.
El Acuerdo del Botánico es el pacto con la ciudadanía que guía las acciones del Consell. Reza textualmente: «Paralizar los recortes en servicios públicos y progresivamente garantizar su extensión y el aumento de la calidad» -punto 3.4- y «Reducir progresivamente las ratios en todas las etapas educativas» -punto 3.7-, es decir, lo que estamos llevando adelante. Por más declaraciones catastrofistas infundadas y conflictos interesados por votos y negocios, nuestra hoja de ruta sigue adelante. Igualdad de oportunidades para poder elegir en libertad y aumento de la calidad educativa. Las valencianas lo merecen.